OTRA INCONSTITUCIONALIDAD DEL APORTE SOLIDARIO

EL CASO

La Sra. Laura Elena Estévez promueve acción meramente declarativa de inconstitucionalidad contra la obligación de pago del Aporte Solidario, por entender que la carga tributaria que debería soportar se habría de transformar en confiscatoria.

Para ello la encartada explicó en su presentación judicial que el patrimonio que determina la cuantía sujeta a imposición ha sido obtenido como consecuencia de la percepción de una liquidación final laboral, producto de un retiro voluntario de una empresa para la cual trabajaba y, a su vez, por el adelanto de herencia que le hizo su padre en el exterior, con el que conforma una cartera de inversiones de renta fija fuera del país.

Señala la demandante, además, que parte de sus tenencias se integran con Bonos soberanos del Brasil, Bonos argentinos AL29 y AL30 y Bonos de la Provincia de Buenos Aires, que prácticamente carecen de valor real luego de la pandemia a lo que se suma el hecho de que todos ellos están al margen del impuesto a las ganancias debido a sus exenciones específicas y, por lo tanto, a su juicio, no deberían formar parte del cálculo de bienes sujetos al Aporte Solidario, con lo cual, habida cuenta de considerarse su detracción, estaría marginada de verse alcanzada por este emolumento, ya que su patrimonio, bajo estas circunstancias, se ubicaría debajo del monto alcanzado que fija la ley 27605, es decir, $ 200.000.000.

En su presentación, y en análisis del aspecto adjetivo del proceso, la accionante también expresa que a su criterio se da cumplimiento a las condiciones que se requieren para legitimar la interposición de esta acción meramente declarativa afirmando que: a) la incertidumbre está dada por la existencia, alcance y modalidad propia de la ley 27605; b) el interés jurídico lo configura el impuesto exorbitante que demuestra el daño que se quiere evitar recurriendo a la justicia y c) el interés específico en el uso de la vía declarativa se demuestra con la “parafernalia de medidas que utilizó el Estado para tratar de amedrentar a los contribuyentes”.

Contestando la demanda la AFIP rechaza la acción desplegada por la contribuyente y básicamente refiere dos aspectos que luego son rechazados por la Justicia, a saber: a) niega la posibilidad de equiparación del Aporte Solidario al impuesto sobre los bienes personales, dado que constituyen dos instrumentos completamente diferentes sin aclarar cuáles son esas diferencias y b) afirma que esta gabela en cuestión se distingue de cualquier contribución en que está creada por la existencia de una emergencia sanitaria (que, como veremos, da lugar a un tratamiento expreso en el fallo que difiere de las afirmaciones del Fisco).
 
LA SENTENCIA

El fallo admite, en primer lugar, la acción meramente declarativa como vía idónea para iluminar los aspectos relacionados con este Aporte Solidario.

Luego, el pronunciamiento se encarga de diferenciar las emergencias de causas naturales de aquellas que son simplemente económicas y ubica a la pandemia del COVID-19 como una de primer orden, ya que resalta que se trató indudablemente de un hecho propio de la naturaleza.

Esta calificación le permite a la sentenciante resolver acerca de que la sanción de la ley del Aporte Solidario tuvo como propósito paliar la gravedad económica generada como consecuencia de la emergencia pública sanitaria, que era la que exigía la toma de verdaderas medidas de urgencia para sostener la vida de los ciudadanos. Se abre una distinción, por lo tanto, entre la emergencia realmente vital de las personas y aquella necesidad económica del Estado que fue motivo del impulso de esta medida sancionada.

Se dice específicamente en el fallo que “la situación de emergencia no valida cualquier norma destinada a paliar una crisis. Según la doctrina de emergencia, se debe verificar que exista una situación de emergencia que haga necesario amparar los intereses vitales de la comunidad; que la ley tenga por finalidad legítima la protección de esos intereses y o los de determinados individuos; que el remedio empleado sea razonable; que otorgue un alivio justificado por las circunstancias; y que la medida implementada sea transitoria…”.

De esta manera el fallo desata el nudo gordiano tejido por el Gobierno quitándole peso específico al hecho afirmado oficialmente de que la situación extraordinaria natural justificaba plenamente la imposición de esta cuota fiscal atípica de neto corte económico.

Posteriormente y con absoluta razón la justicia define la naturaleza del Aporte Solidario señalando que, incuestionablemente, es de materia impositiva y por lo tanto la sentencia deja traslucir que es inconcebible que se ignoren los principios jurídicos de esta disciplina. En este punto existe otra interpretación diferente en la causa “Kunin”, ya que en ella se sostuvo que esta prestación era una carga pública monetaria de carácter económico (no un impuesto), que también estaba sujeta a los mismos resguardos constitucionales que los de cualquier tributo.

Se puede decir que los criterios disímiles adoptados por los sentenciantes solo deben ser tomados al simple hecho de observar la cosmética formal de la cuestión, pero sea desde un enfoque fiscal o del opuesto de otra índole ambos materialmente convergen a la misma plataforma jurídica para sostener el resultado de la interpretación legal que ha correspondido adoptar, esto es, el de las garantías y principios del régimen financiero tributario.

Por eso son expresiones plausibles de la sentencia en análisis las siguientes “la denominación de Aporte Solidario y Extraordinario no puede implicar que se relativicen e incluso se ignoren los principios constitucionales tributarios”, permitiendo esta aseveración contar con el introito para desarrollar el andamiaje fundante del sentido de la sentencia. Con palabras simples, también, pero de suma claridad el fallo se sostiene jurisprudencialmente en precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha dicho, desde antaño, que “las instituciones jurídicas no dependen del ‘nomen iuris’ que se le dé o asigne por los otorgantes del acto o legislador incluso, sino de su verdadera esencia jurídica económica… (Fallos: 21:498; 289:67; 318:676)”.

No se puede soslayar que el Gobierno por todos los medios posibles ha tratado de desvirtuar la calificación tributaria del Aporte Solidario, que definió con acierto la justicia federal de Comodoro Rivadavia. Se dijo y se trató de convencer a la ciudadanía que no participaba del tipo de las exacciones de raigambre fiscales, sino que debía ser considerado un acto de solidaridad de quienes estaban llamados a afrontarlo de carácter obligatorio con el resto de la población.

Así, por ejemplo, desde el seno de la AFIP se indicaba en su página oficial https://www.afip.gob.ar/aporte-solidario/informacion-general/que-es.asp que “La pandemia del coronavirus (COVID-19) generó la necesidad de adoptar las medidas tendientes a brindar protección a las personas afectadas. Con el objetivo de minimizar el impacto sobre el entramado productivo, el Estado Nacional desplegó un conjunto de medidas que apuntaron a garantizar la salud de la población, sostener el ingreso de los hogares y preservar el empleo. El Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia (Aporte), establecido por la ley 27605, es uno de los instrumentos implementados por el Estado Nacional para ampliar y fortalecer las fuentes de financiamiento en el marco de la pandemia del COVID-19. El Aporte fue sancionado por el Congreso de la Nación con carácter de emergencia y por única vez. Siendo sus objetivos primordiales la equidad y la solidaridad”. Los mismos términos son utilizados por el Gobierno Nacional en su página web https://www.argentina.gob.ar/aporte.

Pero, además, siendo consecuente con lo señalado anteriormente, el Ministerio de Economía, Órgano jerárquico superior del cual depende la Administración Federal de Ingresos Públicos, dicta la resolución 22/21 del 2/3/2021, donde se establece en su artículo 1 que el Aporte Solidario se ha de clasificar en el rubro “Ingresos no tributarios” dentro de las partidas presupuestarias nacionales. Y en las consideraciones vertidas que modificaba otra norma anterior sin dejar lugar a duda alguna se especifica textualmente que “Que en esa medida no se tuvo en cuenta el carácter de ‘aporte de emergencia’ del recurso creado por la ley 27605 de Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia, según lo informado por la Dirección Nacional de Impuestos dependiente de la Subsecretaría de Ingresos Públicos de esta Secretaría, así como la indicación de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal dependiente de la citada Subsecretaría, de la apertura de una nueva partida ajena a Recursos Tributarios, dada la especificidad del aporte (cf., NO-2021-14524098-APN-DNI#MEC y NO-2021-14328889-APN-DNIYAF#MEC) .

Por lo tanto, pese a tanto esfuerzo oficial por desvirtuar la naturaleza del Aporte Solidario, la justicia ya ha definido que se trata de un tributo.
 
CONCLUSIÓN

Estimula que la justicia siga manteniendo enarbolados los principios y garantías constitucionales en materia de recursos tributarios, ya que impide que las insaciables Administraciones gubernamentales arrasen con los recursos privados bajo excusas que no sean justificaciones reales.

Defender judicialmente los principios constitucionales de capacidad contributiva, de razonabilidad, de no confiscación y como resultado de ello mantener intangible el derecho de propiedad son acciones que deberían ser utilizadas con mayor frecuencia por los contribuyentes, siempre en observancia de la casuística particular de cada caso.

De esta forma no habría tanta propensión a imponer el pago de estos Aportes que hoy se disfrazan de solidarios o de otros tipos de imposiciones ilegítimas como pagos a cuenta extraordinarios, anticipos desmedidos de la carga final a tributar o cualquier otra construcción imaginativa, que de tanto en tanto, nos presenta la Administración central.

FUENTE: ERREPAR.

ver adjunto
OTRA INCONSTITUCIONALIDAD DEL APORTE SOLIDARIO
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