El ajuste por inflación en el Impuesto a las Ganancias ha sido un tema de debate recurrente en la legislación argentina, especialmente en lo que respecta a la actualización de los quebrantos o pérdidas fiscales. Este ajuste, que permite a las empresas actualizar los quebrantos sufridos en años anteriores con base en la inflación, tiene una historia jurídica que se remonta a la década de 1970. Sin embargo, su aplicación efectiva ha estado marcada por idas y vueltas en la normativa, interrumpidas por las reformas de las décadas de 1980 y 1990 que establecieron restricciones a la indexación de las obligaciones fiscales. La reforma tributaria de 2018, mediante la Ley 27.430, reinstauró el mecanismo de ajuste por inflación, sin embargo, dejó ciertos aspectos ambiguos y controversiales, especialmente respecto a su aplicación a los quebrantos. Mientras que la mayoría de los profesionales del sector y la doctrina tributaria sostienen que la actualización de los quebrantos debería ser permitida, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha mantenido una postura contraria, argumentando que no es posible realizar esta actualización debido a las restricciones de indexación impuestas por la Ley 24.073. En estos años las empresas afectadas por esta interpretación restrictiva han recurrido a la Justicia para reclamar la actualización de los quebrantos, argumentando que la no aplicación de este ajuste genera una distorsión en el cálculo de su impuesto a las ganancias. Este enfoque judicial ha sido respaldado por decisiones de la Corte Suprema, que ha considerado la distorsión causada por la inflación como un factor relevante en la determinación de la carga tributaria.

Recientemente, la Dirección Nacional de Impuestos (DNI) emitió un dictamen que reitera la postura de la AFIP en cuanto a la no procedencia de la actualización de los quebrantos impositivos por inflación. Según el dictamen, el artículo 93 de la Ley del Impuesto a las Ganancias no permite la actualización de los quebrantos mediante un índice distinto al coeficiente de 1, establecido por el artículo 39 de la Ley 24.073. Este pronunciamiento vuelve a generar un escenario de incertidumbre y confrontación entre el ente recaudador y los contribuyentes, que, en su mayoría, consideran que el ajuste por inflación debería ser aplicable, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 25 de la misma ley. El dictamen de la DNI refuerza la postura restrictiva de la AFIP, subrayando que no existe una disposición explícita que autorice la actualización de los quebrantos por inflación, salvo una reforma legislativa que lo autorice.

El panorama actual de los quebrantos impositivos y el ajuste por inflación está marcado por un conflicto entre la interpretación de la normativa vigente y la postura de las autoridades fiscales. Este tema sigue siendo objeto de litigios, y es probable que continúe siendo un tema central en la agenda tributaria en los próximos años. Un factor clave para el futuro será la postura que adopte la nueva administración, quien ha manifestado su intención de llevar adelante reformas fiscales significativas. En este sentido, es posible que se decida tomar medidas para resolver la controversia sobre la actualización de los quebrantos, bien sea mediante la promulgación de una nueva reforma tributaria que clarifique este punto o, en su defecto, a través de un enfoque más flexible que permita a las empresas ajustar sus pérdidas por inflación.

Desde el estudio, continuaremos analizando las diferentes cuestiones que se desprendan de este tema, particularmente en relación al último dictamen emitido por la Dirección Nacional de Impuestos, y los posibles cambios en la práctica de este procedimiento. Seguiremos de cerca los desarrollos legislativos y judiciales para ofrecer una orientación precisa y actualizada en cuanto a las implicancias fiscales y las alternativas disponibles para abordar este tema en cuestión.

FUENTE: ESTUDIO RIVAROSSA Y ASOCIADOS

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